Antes de que estos de Junts pel sí arrasen con todo y me fastidien la entrada, quisiera reflexionar sobre ese Recurso de Inconstitucionalidad que el Partido Popular interpuso contra la decisión catalana de prohibir los toros en su territorio autonómico.
Han pasado ya cinco años y hay quien afirma, yo no, que la sentencia está hecha y guardada en un cajón. Incluso hay quien se aventura a decir que fallará declarando inconstitucional la prohibición, cosa que desde un punto de vista jurídico y por supuesto personal, me parece más que lógica.
El Tribunal Constitucional nació en los artículos 159 y siguientes de nuestra Carta Magna y su funcionamiento y competencias están desarrollados por la Ley Orgánica 2/79, la cual ha sufrido sucesivas reformas.
Cuando yo era un modesto estudiante de Derecho, percibí que este Tribunal era importante, el más importante diría yo y ello por una sencilla razón: En los inicios de la democracia y con prácticamente todo por legislar, tener un órgano judicial que velase por las agresiones que pudieran derivarse contra la Constitución, era una manera eficaz de salvaguardar los derechos y deberes de todos dentro de un Estado plural. Por ello, su composición por medio de Magistrados nombrados por las dos Cámaras, además de los nombrados por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial, se me antojaba más que equitativa en aquellos años en los que para mí se hacía una política real por y para el ciudadano.
Por desgracia hoy en día, las fuerzas políticas y la meganormativización, si se me permite el término, (todo está regulado y hay veces que incluso se solapan Legislaciones Estatales, Comunitarias y de las Comunidades Autónomas) han conseguido que el Alto Tribunal esté en el punto de mira de todos, corriendo el riesgo de convertirse en un Órgano de control más político que jurídico-constitucional.
Esta parrafada que os acabo de empotrar viene a cuento de ese lustro que hoy se cumple sin la sentencia que tanto anhelamos. Para mí que esta tardanza es más una cuestión de oportunidad política, es decir, ¿en qué momento vendrá bien decirle a Cataluña que ha prohibido algo que no puede prohibir?. Hace poco hubo elecciones allí y dentro de poco las hay en toda España, con lo cual enojar a la ya de por si enojada Generalitat, no parece muy aconsejable, más que nada por las consecuencias que en mi opinión pueden ser las siguientes:
a) Que se pasen la decisión del Tribunal por el forro de los caprichos puesto que el precedente (de presunta desobediencia) está creado.
b) Que acaten el fallo.
Si ocurre lo primero soy incapaz de visualizar las consecuencias, puesto que recientemente Cataluña realizó un referendum y mantuvo un pulso con el Gobierno de todos los españoles, incluida la propia Cataluña, que de momento se ha saldado con unas diligencias abiertas al President.
Si ocurre lo segundo, sí que puedo intuir que al igual que otras tantas ciudades del territorio español, pueblo a pueblo, comarca a comarca de Cataluña, irán declarándose ciudades antitaurinas y a ver quien es el guapo que los tenga bien puestos y le da por organizar una corrida de toros con la que se puede liar. ¿Alguien cree que en Barcelona se van a atrever a dar toros?, ojalá me equivoque, pero yo que como ya sabéis soy pesimista por naturaleza, lo dudo mucho.
Con lo cual y para concluir, la disyuntiva es complicada: no sé si quiero que la dichosa sentencia vea la luz porque no sé si va a ser peor el remedio que la enfermedad. De lo único que estoy seguro es de que el rodillo nacionalista no va a permitir ni la más mínima escaramuza que pueda dar lugar a una reconquista.
P.D.: Se admiten opiniones.
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